Pronunciamiento tras decisión de la Corte Constitucional sobre consultas populares.

La aprobación que la Corte Constitucional profirió en las últimas horas con relación a la ponencia que se asegura que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación -lo cual trasciende los intereses regionales y municipales- y en la que se señala que el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos y por ende las autoridades territoriales no pueden vetar la explotación de los recursos naturales no renovables en sus territorios, desdibuja el carácter democrático y soberano de las regiones y sus habitantes.

Esta sentencia es contradictoria, puesto que tal y como lo señaló este miércoles el Consejo de Estado, los municipios no sólo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares, especialmente cuando el desarrollo de cualquier proyecto “incluyendo los minero-energéticos, amenazan con crear cambios significativos del uso del suelo que dé lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial”.

Sumado a esto, en nuestra constitución política está previsto que “los alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos municipales”, máxime cuando se analiza “la incidencia de las actividades minero-energéticas en los territorios”.

En este sentido, el Partido Alianza Verde expresa que las consultas populares son una clara expresión de la democracia participativa, que no puede verse amenazada por los intereses económicos de una locomotora minero energética que pretende pasar por encima de la toma de decisiones de la ciudadanía en temas de trascendencia local, como lo es la destinación del territorio a la industria minero-energética.

Por consiguiente, consideramos que las decisiones que se tomen entorno al uso del suelo en las regiones, deben incluir el principio de precaución, puesto que las exploraciones y explotaciones generan notables riesgos para el ambiente; principalmente en los ecosistemas y fuentes hídricas.

Reiteramos que, pese a que constitucionalmente es cierto que la riqueza del subsuelo pertenece a la nación y toda la sociedad colombiana, también lo es que en esos territorios se adelanta la actividad cotidiana de los pueblos; su cultura, sus actividades de servicio social, las funciones de ofrecer, demandar y obtener servicios, así como la territorialidad ambiental que hay que preservar y mantener.

El Partido Alianza Verde considera que los pueblos deben tomar sus propias decisiones, a través del normal desarrollo de las consultas populares, que eviten el centralismo incierto de toma de decisiones que afecten en cualquier caso la seguridad y bienestar de los ciudadanos.