Carlos Andrés Santiago

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo
3 de octubre, para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y
la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta
actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126
organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú
y Uruguay, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF).

La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período
ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas
presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya
documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina. Las
organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los
gobiernos de la región, para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de
explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.

De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5000 pozos de fracking. En
Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente
se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de
México, el número de pozos de fracking supera los 3350, aunque las organizaciones firmantes señalaron
que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han
firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección
y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales.

Dorys Stella Gutiérrez, Presidenta de CORDATEC (San Martín, Cesar) e integrante de la Alianza Colombia
Libre de Fracking destacó que “esta será una oportunidad para denunciar internacionalmente las
violaciones a los derechos humanos que están sucediendo a raíz de los proyectos de fracking que
promueven el Gobierno de Colombia y las empresas petroleras, y que ponen en riesgo el agua, la salud y
la vida de millones de personas”. Además de la audiencia y las actividades con la CIDH, “la agenda
comprenderá visitas a zonas afectadas por fracking y una gira de incidencia con organizaciones, activistas
y autoridades en Estados Unidos, en la que esperamos visibilizar el riesgo que implicaría el fracking para
la vida y la integridad de los líderes sociales, en un país que pretende superar décadas de guerra y
violencia”, puntualizó Gutiérrez.

Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias
de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que
implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un
conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida
de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos
negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.