INFORME DE LOS CONGRESISTAS DE OPOSICIÓN QUE INTEGRAN LAS COMISIONES ECONÓMICAS DE SENADO Y CÁMARA DE REPRESENTANTES SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) 2019 SOMETIDO A CONSIDERACIÓN PARA PRIMER DEBATE

 

Las fuerzas políticas de oposición representadas en el Congreso de la República, aportamos a la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) nuestras visiones y puntos de vista sobre el contenido del proyecto y sobre su trámite. El papel que nos concierne es el de ejercer control político sobre las acciones del gobierno y de las bancadas de Senadores y Representantes que lo respaldan, así como expresar nuestro pensamiento sobre la evolución del país, sus problemas y soluciones. Nuestros partidos son alternativas de poder y desde ellos ejercemos el derecho y la responsabilidad de expresar el pensamiento crítico que es propio de la democracia y que le da su razón de ser.

Como hemos expresado en forma reiterada a lo largo de las discusiones de ponentes y en las comisiones conjuntas, insistimos en que las reuniones de ponentes y coordinadores de ponentes de la Ley de Presupuesto deben realizarse en el Capitolio, a la vista de la ciudadanía, no a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda. Lo reclamamos por la dignidad del Congreso, la independencia de los poderes, por la transparencia en la disposición de los dineros del pueblo y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Reiteramos que pertenecemos a la oposición y por lo mismo, en el mejor sentido de la democracia, pensamos diferente a las fuerzas mayoritarias, leemos de otra manera la historia y los tiempos que corren, tenemos otras soluciones a los problemas, vislumbramos distinto el porvenir.

El gobierno y las fuerzas que lo apoyan son responsables de sus políticas y sus resultados, ellos tienen que responder por el éxito de sus estrategias y por el bienestar de los colombianos. Las fuerzas alternativas sabemos que sus ideas, sus prioridades y sus manejos de lo público, no son acertados, profundizan las desigualdades, por lo que nos preparamos para relevarles en el poder por voluntad popular.

Hemos afirmado a lo largo de las sesiones de trabajo de las comisiones, que el presupuesto de gastos e inversión que impulsa el gobierno pone de manifiesto que sus políticas no traen ningún cambio. Son las mismas prioridades que vienen desde décadas atrás.

Como los anteriores gobiernos, el gasto y la inversión pública de la administración Duque menosprecian la cultura, el deporte, la conservación del medio ambiente, el desarrollo rural, la educación pública, la investigación en ciencia y tecnología, el emprendimiento, la construcción de paz.

Sepulta las oportunidades de que los jóvenes crezcan en la convivencia y el desarrollo humano, con gastos millonarios en armas y aprestos militares para que sus vidas se desenvuelvan en escenarios de violencia y destrucción.

También insistimos en que los territorios olvidados de Colombia no tienen esperanza de recibir atención justa del Estado, por la desigualdad en la que se enfrentan sus representantes en estas discusiones, ante la presencia avasalladora de poderosas delegaciones de congresistas provenientes de otras regiones. Reiteramos aquí que estas circunstancias se traducen en el país desigual, fracturado e insolidario que tenemos.

De otro lado, el gobierno insiste en que las clases medias y los sectores de menores ingresos soporten con su esfuerzo tributario cargas desconsideradas de impuestos, mientras las cargas de los opulentos son livianas respecto de lo que pueden y deben pagar.

En las anteriores consideraciones se expresa nuestro pensamiento político y nuestro esfuerzo por servirle al país. En ellas se ha centrado la discusión que planteamos a lo largo de las sesiones preparatorias de la ponencia para primer debate del proyecto de PGN.

Si los rituales de la democracia se incumplen, no hay democracia.

Durante varias semanas, las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara discutimos con el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el proyecto de PGN para el año 2019.

La discusión no tuvo orden ni rigurosidad, porque la información no se entregó completa ni a tiempo, sino fraccionada, sobre la marcha y en forma caótica. Entre reunión y reunión, la información presentada por el gobierno cambiaba significativamente, haciendo así imposible la tarea de los ponentes de estudiar sus propuestas y sugerir alternativas oportunas. Esto nos aboca, presionados en el límite del tiempo, a debatir el PGN en primer debate solo hasta el último día.

No es comprensible ni procedente que el Ministerio de Hacienda, solo después de cerrada la discusión de la ponencia, haya enviado la información detallada del articulado del PGN y de los rubros de ingresos y gastos. Las últimas cifras que trae el proyecto, no se discutieron con los ponentes.

Las instalaciones del Ministerio de Hacienda donde se llevó a cabo el trabajo son inapropiadas, aisladas, cerradas al ingreso de los asesores de los congresistas, incómodas. Es inaceptable que los congresistas trabajemos en la formulación del presupuesto del Estado colombiano hacinados, aislados y en condiciones indignas. Estas circunstancias hacen que el papel de los parlamentarios sea subalterno y pasivo, de simples espectadores sin posibilidades de iniciativa.

Como dijimos, durante semanas reiteramos la necesidad de que el PGN se discutiera de cara al país y se construyera a partir de las necesidades reales de los colombianos, para que fuera herramienta de cambio. La conclusión a la que llegamos, y así lo manifestamos, es que el gobierno y las fuerzas que lo respaldan no tienen vocación de cambio. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, representan el continuismo y solo tienen interés en la nómina.

El presupuesto que llega para aprobación en comisiones económicas conjuntas no es transformador. Por el contrario, perpetúa las enormes inequidades del país, así como vicios de la política contra los que nos manifestamos en las urnas cerca de 12 millones de colombianos hace menos de un mes, con mensajes claros que deben ser escuchados por el Congreso y el gobierno.

El pretexto que esgrimen los agentes del gobierno y sus aliados políticos para justificar el congelamiento de la estructura fiscal, es la inflexibilidad del presupuesto. De ser así, no debieron ofrecer a la ciudadanía el cambio que prometieron en campaña.

De todas maneras, no obstante que la oposición es minoritaria, logramos avances para que los sectores que transforman la sociedad reciban mayor relevancia en el PGN. Reconocemos que durante las discusiones el gobierno nacional hizo mínimas concesiones a algunas de nuestras propuestas, pero son insuficientes para transformar la realidad de millones de colombianos.

Los representantes de los partidos de oposición en las comisiones económicas rendimos el presente informe en el que reiteramos y dejamos constancia de nuestra posición crítica frente a los aspectos de forma y los contenidos del PGN.

Señalamos que uno de los puntos de la reciente consulta anticorrupción establecía que los presupuestos deberían ser participativos. El trámite mediante el cual se ha discutido y construido el PGN demuestra la urgencia de adoptar este tipo de procedimientos, con el fin de que sea desde los territorios y no desde salones en la capital, donde se construya el presupuesto, de tal manera que corresponda a las necesidades reales de los colombianos.

Corresponde a los organismos de control, asegurar que la ejecución del presupuesto esté libre de corrupción. Para ello, reiteramos la importancia de medidas como la adopción de los pliegos únicos en la contratación estatal, otro de los puntos de la consulta anticorrupción.

La verdad no siempre acompaña a quienes están en el poder.

El proyecto de presupuesto 2019 se ha dicho, no contribuye a resolver los problemas estructurales del país. Seguiremos siendo de las sociedades más desiguales del mundo.

De hecho, Colombia es uno de los países latinoamericanos donde menos se reduce la desigualdad, después de la intervención estatal. Según la CEPAL, mientras países como Brasil logran disminuir sus índices de desigualdad en 7 puntos después de tomar en cuenta los subsidios, transferencias, impuestos y pensiones del gobierno, en Colombia el índice de desigualdad disminuye en menos de una décima (de 0.53 a 0.52). Este pobre resultado sólo es comparable con el de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Paraguay.

El PGN 2019 debió ser la oportunidad para empezar a remediar dicha tendencia. Sin embargo, el proyecto del gobierno, como se ha afirmado, sigue la misma línea que los anteriores y tanto los ingresos como los gastos, no contienen intervenciones que disminuyan la desigualdad.

Si bien saludamos que a lo largo de la discusión se logró incrementar en 10 billones el presupuesto de inversión, el impacto social del PGN es imperceptible.

2.1 Anotaciones acerca de los Ingresos.

En cuanto a los ingresos proyectados por el gobierno para 2019, preocupan los siguientes aspectos:

El servicio de la deuda y las amortizaciones para 2019 comprometen cerca de 51.3 billones, que corresponden al 5% del PIB, monto a todas luces excesivo que restringe el gasto social y las inversiones para el desarrollo productivo.

Igual de problemática es la dependencia de recursos provenientes de los hidrocarburos, pues se esperan sustraer para el PGN 7,3 billones de las utilidades de Ecopetrol y 293 mil millones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

No se conoce el plan de privatizaciones del gobierno que explique el arbitrio de 2.5 billones de ingresos en la cuenta de recursos de capital.

Más de la mitad de los ingresos del gobierno, 143 billones, provienen de impuestos indirectos (IVA 61 billones), que de por sí son regresivos y de impuestos a la renta (64 billones) que no gravan a los contribuyentes con tarifas progresivas que correspondan a las escalas de ingresos.

Finalmente, preocupa cómo espera recaudar el gobierno 14 billones que faltan para financiar el presupuesto. El Ministerio de Hacienda ha dicho que presentará al Congreso un proyecto de ley de financiamiento. Al respecto hacemos los siguientes comentarios:

Igualmente desconcierta la actitud del gobierno, que al momento de calcular los ingresos, estableció un precio de referencia del petróleo de US$65 por barril, cuando hoy los precios fluctúan por encima de los US$81 por barril. De incorporarse este ajuste en el precio, se cubriría el déficit presupuestal que viene manifestando el Ministro de Hacienda. Es obvio que, de hacerse esta operación presupuestal, no habría necesidad de tramitar la ley de financiamiento que se anuncia y que no es otra cosa, que otra reforma tributaria disimulada

Rechazamos la ampliación de la base del IVA para incluir la canasta familiar, así como el incremento de la actual tarifa.

No se explica que se quieran conservar 229 beneficios tributarios de los cuales gozan personas de mayores ingresos y grandes empresas en particular del sector minero energético y financiero. En el 2017 el costo fiscal de los beneficios tributarios en el impuesto de renta a estos contribuyentes, equivalía al 1.3% del PIB. El costo de las exenciones al sector financiero, por ejemplo, equivalía a más de 1.5 billones en el 2017, que es más del 60% del total del costo fiscal por este concepto.

Son necesarias medidas drásticas contra la evasión y la elusión de impuestos, que alcanzan proporciones descomunales en todas las modalidades de impuestos.

2.2 Apuntes acerca de los Egresos.

En lo que respecta a los gastos presentados en el proyecto de presupuesto del 2019, hacemos los siguientes comentarios:

Las partidas de ciencia y tecnología, medio ambiente, cultura, educación, salud, deportes, desarrollo rural y construcción de paz, son mínimas. En contraste con el pensamiento del gobierno, sostenemos que para transformar la sociedad y desarrollar la economía, estos sectores deben ser prioritarios.

Los recursos para el sector de defensa no cesan de aumentar: se propone que para el próximo año estos sean superiores a 34 billones de pesos. Si bien entendemos que parte importante se destina a gastos inflexibles, en el contexto del posconflicto, no se justifica que dicho presupuesto represente el segundo mayor gasto del gobierno.

Esto equivale a tres veces lo que se invierte en programas de inclusión social y reconciliación, como Familias en Acción, primera infancia del ICBF o atención a las víctimas. También equivale a catorce veces de lo que se invierte en el sector agropecuario, cuarenta y ocho veces de lo que se invierte en medio ambiente, sesenta veces de lo que se invierte en deporte y recreación y ochenta y dos veces de lo que se invierte en cultura. En 2016 el gasto militar de Colombia era el 3.1% del PIB, el séptimo lugar entre 136 países, muy por encima de los demás países de Latinoamérica.

La inversión en educación, si bien representa el mayor rubro del gasto, sigue siendo insuficiente para estándares internacionales. Según la OCDE, el gasto por estudiante de primaria en Colombia es menor al de todos los miembros de la organización y menor también que el de los países latinoamericanos analizados, México, Argentina, Brasil y Costa Rica. Mientras Colombia invierte US$2.490 por estudiante de primaria, el promedio de la OCDE es US$8.733. En educación secundaria y media, el gasto es de US$3.060 por estudiante, mientras que el promedio de la OCDE es US$10.106. Así las cosas, la promesa de equidad del presidente Duque, no es refleja al momento de asignar los recursos en el PGN.

De igual manera, de acuerdo con informes del Banco Mundial, mientras los países de América Latina y el Caribe invierten en investigación y desarrollo el 0.8% de su PIB, Colombia invierte el 0.2%; Brasil más del 1%; Corea, un país que hasta hace poco tenía el mismo nivel de ingresos que el nuestro, el 4,2%.

Hoy nuestra riqueza medio ambiental, de la que se enorgullece el país, está en situación crítica, en gran medida por la falta de acciones del Gobierno. Los recursos destinados al medio ambiente deben dejar de verse como costos. Invertir en la preservación de las áreas protegidas y las fuentes de agua, la calidad del aire, la reducción de la erosión de las costas y la contaminación de los ríos, es condición necesaria para garantizar la sostenibilidad del país a largo plazo.

Los niveles de deforestación han alcanzado picos históricos que hoy hacen casi imposible cumplir con la meta de cero deforestación a 2030, a la cual se comprometió Colombia en el Acuerdo de París. Entre 2016 y 2017, se deforestaron casi 400 mil hectáreas. No obstante, en el presente año el Ministerio de Ambiente cuenta con la cifra irrisoria de 465 millones de pesos para luchar contra esta tragedia.

Como lo evidenció la Corte Constitucional, los estragos causados por la minería ilegal son irreversibles, contaminación de las fuentes de agua y desvío de cauces, empobrecimiento y erosión de los suelos, con las consecuencias en la salud y en la economía de las poblaciones. Sin embargo, en el 2018, el Ministerio de Ambiente solo contaba con 415 millones de pesos para controlar la minería ilegal. Con los recursos asignados al sector de medio ambiente en el 2019, no es posible que la situación aquí descrita se revierta.

La poca asignación de recursos en el PGN para la conservación del medio ambiente es aún más preocupante si se considera que este sector dejará de recibir, a partir del ingreso a la OCDE, importantes recursos de la cooperación internacional que ayudaban a compensar en parte la escasa financiación del Estado.

Para transformar a Colombia es indispensable cambiar la estructura presupuestal. Las siguientes observaciones sirven para explicarlo:

El Ministerio de Hacienda presentó en las cifras iniciales un faltante de 25 billones. Sin embargo, pocas semanas después afirmó que el faltante era de 14 billones… ¿con qué criterios y por qué razón se enuncia de la noche a la mañana esta disminución de 11 billones?

Según la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el próximo año se requieren más de 1.3 billones para sus programas. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto no existe un solo peso para esto, no obstante que el gobierno manifestó que honrará los compromisos con más de 96 mil familias que suscribieron acuerdos individuales en el marco de dichos programas… ¿cómo esperan conseguirlo?

Rechazamos los recortes de presupuesto realizados entre la primera y segunda versión del proyecto de PGN a entidades clave para la implementación del Acuerdo de Paz, como la Agencia de Renovación del Territorio (-200 mil millones), la Agencia de Desarrollo Rural (-243 mil millones), la Unidad Nacional de Protección (-25 mil millones), Justicia Especial para la Paz (-1.500 millones), la Agencia de Reincorporación y Normalización (-400 millones) y la Unidad de Restitución de Tierras (-870 millones).

En respuesta a esta situación, presentamos una proposición para que se garanticen los recursos necesarios para la implementación del Acuerdo de Paz.

Si bien los recursos de la Agencia Nacional de Tierras aumentaron con respecto a la primera versión del presupuesto, estos son insuficientes, pues la misma Agencia estima que se requieren 1.4 billones de pesos al año para lograr la meta del Acuerdo de Paz, de formalizar 7 millones de hectáreas en 10 años. El proyecto de PGN solo destina 338 mil millones.

También preocupa la reducción de más de 7 mil millones de pesos en el presupuesto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, si se tiene en cuenta la trascendencia de implementar el catastro multipropósito para el país.

Si bien aumentaron las partidas para apoyar la ciencia y la tecnología, así como el medio ambiente, siguen siendo marginales ante los desafíos. El presupuesto de Colciencias para el próximo año, de 356 mil millones, es cerca de la mitad de lo que la entidad estima necesario para cumplir sus objetivos.

Los recursos del ICBF para la primera infancia son insuficientes para atender la niñez. El déficit en primera infancia es de 178 mil millones. Luego el presupuesto asignado para el próximo año, alrededor de 4.2 billones de pesos, no es suficiente para compensar el aumento de precios y salarios, por lo cual se disminuirán la calidad y cobertura de los programas.

Consideramos que algunos de los artículos incluidos en el proyecto de PGN tienen consecuencias perjudiciales para el país. Es el caso de la propuesta que determina que las entidades territoriales financien los costos de las consultas populares de iniciativa local.

De igual modo, es perjudicial el artículo que busca trasladar los gastos de funcionamiento del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) a Colpensiones, porque pone en riesgos la viabilidad financiera de esta institución.

Se elimina el artículo por el cual se garantizan los recursos que el Consejo de Estado ordenó asignar para el saneamiento del río Bogotá.


Por todo lo anterior podemos afirmar que en el trámite del PGN las comisiones económicas debieron trabajar sobre el proyecto del anterior gobierno. El ministro Carrasquilla, al no presentar pliego modificatorio asumió en consecuencia su vigencia y sobre ello, las comisiones realizaron su trabajo hasta el momento de la aprobación del monto. A partir de allí, el gobierno empezó a presentar opiniones en las que señalaba, por ejemplo, la existencia de un déficit presupuestal de 25 billones. Después el propio gobierno cambió sus posiciones haciendo que la conducción del debate haya sido caótica y confusa, lo cual evidencia la falta de claridad y de responsabilidad con la que se ha tramitado el PGN.

Hoy, en el límite del tiempo legal, se nos convoca para primer debate, a una sesión de urgencia con la intención de aprobar a “pupitrazo” el PGN.

En consecuencia, anunciamos nuestro voto negativo a la ponencia que se pone a consideración de estas comisiones.

Iván Marulanda Catalina Ortiz

Senador Representante a la Cámara

Jhon Jairo Cárdenas Gustavo Bolívar

Representante a la Cámara Senador

Juan Luis Castro Katherine Miranda

Senador Representante a la Cámara

Aida Avella David Racero

Senadora Representante a la Cámara