Alianza Verde rechaza la amenaza por suspensión de la Consulta Popular en el Municipio de Granada en el Departamento del Meta.

Desde el Partido Alianza Verde expresamos nuestro rechazo y enorme preocupación por la amenaza de suspensión de la Consulta Popular en el Municipio de Granada en el Departamento del Meta, mecanismo a través de la cual sus habitantes buscan decirle NO a la sísmica, exploración y explotación petrolera en su territorio y de esta manera detener los impactos ambientales que afectan directamente la estructura ecológica y ambiental de este Municipio.

Luego de efectuadas 9 Consultas Populares a lo largo del territorio nacional que definieron el futuro de la explotación de recursos naturales, en igual número de Municipios, las razones expuestas por parte tanto de la Registraduría Nacional del Estado Civil como del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en relación con la falta de recursos para financiar la realización de este proceso y la decisión de descargar esta obligación al Municipio, son una afrenta directa a la democracia participativa y se convierten en una retaliación directa en contra de los 50 mil 112 granadinos que se disponían a votar este 22 de octubre en la Consulta Popular.

En anteriores oportunidades la competencia para financiar estos procesos ha sido asumida con recursos del presupuesto nacional, y así lo ha admitido el propio Registrador Nacional del Estado Civil, quien en sus declaraciones a los medios de comunicación ha reconocido la responsabilidad del Ministerio de Hacienda para la trasferencia de los recursos a su entidad para la realización de este tipo de comicios. La negligencia de la Registraduría Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es palmaria, luego de conocer los argumentos esgrimidos. 

Hacemos un llamado a los habitantes de Granada para hacer respetar su convocatoria a la Consulta Popular, los invitamos a no desfallecer en su propósito, y saludamos su espíritu de defensa del territorio de la depredadora locomotora minera.

Conminamos al Gobierno Nacional a respetar los derechos fundamentales de los colombianos para decidir sobre su territorio, lo instamos a acatar las recientes recomendaciones sobre las Consultas Populares, emitidas por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y exigimos el cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el espíritu, las connotaciones y el carácter de estos procesos. 

Invitamos a todo el país a pronunciarse en contra de esta decisión, la que sin dudas marca un precedente para futuras Consultas Populares y la cual se convierte en una nueva estrategia del Gobierno Nacional para detener el clamor ciudadano que de manera contundente le ha dicho SI al Agua y la Vida y NO a la explotación indiscriminada del petróleo y a la Megaminería.