En octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 1325 ‘Mujeres, Paz y Seguridad’ que insta a los Estados miembros y a las partes involucradas en un conflicto armado a incluir a las mujeres en las distintas etapas del proceso de paz (peacemaking, peacekeeping, peacebuilding, and post-conflict reconstruction) e incorporar sus necesidades y aspiraciones en las conversaciones a través del enfoque de género.

 

El Acuerdo Final con las Farc refrendado por el Congreso el 24 de noviembre de 2016 se benefició de las lecciones aprendidas de los diferentes procesos de paz internacionales y nacionales y ha sido catalogado por la experticia internacional en paz y seguridad como el mejor en términos de la inclusión de la perspectiva de género y por la centralidad que se les da a las víctimas. Este logro fue el resultado de la participación activa de las mujeres en la mesa de negociaciones en La Habana, Cuba.

Las organizaciones de mujeres lograron, a través de su incidencia, que el gobierno nombrara dos negociadoras plenipotenciarias y a lo largo de los seis años del proceso continuaron la incidencia en ambos lados de la mesa aportando insumos desde las realidades territoriales de las mujeres que han vivido y sufren las secuelas del conflicto armado, sensibilizando a la ciudadanía para apoyar el proceso y refrendar los acuerdos.

La implementación de un acuerdo de paz constituye una ventana de oportunidad para la ampliación de la democracia comprometida con la no discriminación y la búsqueda de la igualdad y la garantía de los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres y las niñas; pero también presenta riesgos que debemos anticipar desde el movimiento social de mujeres para no retroceder en nuestros derechos ni en la construcción de la democracia y la paz.

Este primer año de implementación del Acuerdo Final con las Farc es crítico para asegurar que lo acordado en los seis puntos con enfoque de género se refleje en la realidad nacional y territorial de manera que puedan allanarse las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, más exacerbadas en las zonas rurales en razón del conflicto de 50 años y de la fragilidad del Estado sobre todo en estas zonas.

¿Qué se ha ganado, qué hay por ganar y cuáles serían los riesgos?

En materia de participación y toma de decisiones, a pesar de las barreras iniciales, las mujeres ganamos y tendremos una participación equilibrada en las varias instancias y mecanismos que serán creados para tal fin.

La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), encargada de asegurar la ejecución del Acuerdo Final tal como acordado por las partes, está en la tarea de crear la instancia especial de la CSIVI en materia de género que será conformada por siete integrantes (cuatro de los territorios, dos de organizaciones nacionales, y una por la comunidad LGBTI). La convocatoria a postulaciones de candidatas está siendo circulada entre las organizaciones nacionales y territoriales de mujeres quienes presentarán entre el 26 de abril y el 16 de mayo, seis duplas para seleccionar las dos integrantes nacionales, y en 32 reuniones departamentales se propondrán tres candidatas por departamento para la selección de las cuatro representantes de los territorios incluida una representante de víctimas (Comunicado Conjunto CSIVI #18 Bogotá, 11 de abril de 2017).

Se anticipa que esta Instancia Especial de la CSIVI asesorará en la inclusión del enfoque de género en el plan marco de implementación de los acuerdos y tendrá una interlocución y retroalimentación permanentes con las organizaciones y redes de mujeres en los territorios para articular y aterrizar sus necesidades y aspiraciones.

Un riesgo a esta oportunidad de transformación social sería la falta de asignación de partidas presupuestales necesarias para el funcionamiento de la instancia misma y para el fortalecimiento de las organizaciones y empoderamiento de las mujeres para facilitar su participación en los diagnósticos locales y la integración y ejecución de sus propuestas en los PDET. El mandato de la instancia misma es un gran reto, así como el logro de la representación, el reconocimiento, el seguimiento y la veeduría a la implementación de los acuerdos.

Las mujeres de las Farc también han ganado con el proceso de paz. Las Farc han sido una organización patriarcal donde sólo al cabo de cincuenta años entró una mujer al Estado Mayor Central a pesar de que el 40% de su fuerza está constituida por mujeres. Durante el proceso de paz las farianas han logrado desarrollar su conciencia de género e incidir con sus pares varones logrando su representación en instancias de participación y toma decisiones. Durante la X Conferencia en los Llanos del Yari -septiembre de 2016-se evidenció un gran cambio hacia la igualdad. Las mujeres farianas lograron consolidarse internamente con una participación del 34% como delegadas, y desarrollar una línea de trabajo feminista; la Mesa Directiva de la Décima Conferencia fue paritaria -3 mujeres y 3 hombres-, y se acordó que la nueva dirección transitoria estaría compuesta por 61 integrantes de las cuales 25 serían mujeres.

El 60% del equipo nacional de monitoreo y verificación de las Farc son mujeres. Esta voluntad – que se evidenció en la Décima Conferencia- de fortalecer el liderazgo de las mujeres en su transición hacia una política sin armas, se concretó en febrero 2017 con una capacitación de género de dos semanas en la zona veredal de La Elvira, donde participaron representantes de todos los frentes quienes a su vez replicarían la formación en sus respectivas zonas.

Las farianas se están preparando para participar en el nuevo escenario político. Está aún por verse si el partido político de las Farc sorprenderá al país, cuando le corresponda electoralmente, con una lista cerrada paritaria y alternada que garantice la elección e igualdad política de las mujeres farianas o si por el contrario se perderá esta oportunidad de transformar la democracia interna del nuevo movimiento político. Desde que logramos el derecho al voto, el 23 de agosto de 1954, las mujeres colombianas hemos estado rezagadas en la participación política y aún no hemos alcanzado ni la ‘masa crítica’ del 30% en el Congreso (20% de congresistas son mujeres en la legislatura 2014 -2018).

Ganaríamos todas las mujeres colombianas si se aprueba la paridad, la alternancia y la universalidad y los partidos aprueban la conformación de las listas cerradas para las elecciones del 2018 y 2019 con las reformas al sistema electoral y político que prevé el punto 2 del Acuerdo y cuya propuesta acaba de presentar la Misión Electoral Especial.

El proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de las Farc representa una oportunidad para cambiar la tendencia internacional que evidencia que la desmovilización y reinserción de los guerreros a la vida civil aumenta los niveles de violencia hacia las mujeres. Tanto las víctimas del conflicto armado como las mujeres excombatientes han sufrido todo tipo de violencias en razón del conflicto. La formación en género y los procesos educativos y de acompañamiento psicosocial que comporta el paquete de medidas del DDR representan una oportunidad para transformar el sexismo y la discriminación existentes; para construir nuevas masculinidades no violentas y solidarias; para brindar educación vocacional y empoderar económicamente a las mujeres campesinas.

Como movimiento social de mujeres estaremos vigilantes para transformar los riesgos potenciales en oportunidades para que los dividendos de la paz beneficien por igual a las mujeres y a los hombres y mejoren las condiciones de vida de sus comunidades. El mandato de Paz y Seguridad de la Resolución 1325 y subsidiarias ofrece herramientas para monitorear estas transformaciones sociales y medir el impacto a mediano y largo plazo de los acuerdos de paz.

* Integrante de la Comisión Nacional de Igualdad de Género de la Alianza Verde y de la Red Nacional de Mujeres

Artículo de El Espectador

http://cromos.elespectador.com/vida-social/ganaran-las-mujeres-en-el-pos-acuerdo-25222